La violencia: Cicatrices de un proceso

La violencia fue de tales proporciones que provocó el derrumbe de la colonización campesina, al igual que el régimen de haciendas.
Al finalizar el conflicto los labriegos volvieron, no así los dueños de las grandes propiedades, que cambiaron la vocación de sus cafetales por apostarle a la ganadería extensiva. Por esta razón una gran cantidad de jornaleros quedaron desempleados y sumidos en la miseria. La inseguridad rural rondaba y la pobreza hacía sentir sus duras fauces por doquier, obligando a emigrar al personal más atrevido, hacia los grandes centros urbanos como Bogotá e Ibagué.
Para 1958 el problema agrario por el abandono de las fincas y la posesión irregular de ellas, trajo solamente buenos propósitos de parte del Plan de Rehabilitación, que mejorando algunas vías y construyendo algunas escuelas, no logró sobrepasar los propósitos de reintegración institucional, dejando la crisis sin solución. Las repuestas oficiales adolecían de la herencia de Rojas Pinilla, promoción de nuevas colonizaciones patrocinadas por la Caja Agraria y dependiendo de la “Comisión Especial de Rehabilitación”. El enfoque era el tradicional, que los ocupantes actuales de los predios eran los dueños legítimos y que la nación estaba en la obligación de apoyarlo, otorgarle crédito y asistencia técnica para levantar las alicaídas propiedades. El inconveniente del despojo de tierras, no lo resolvía, por incapacidad legal según Gonzalo Sánchez. Los créditos se otorgaban, condicionados a un “control represivo directo sobre los eventuales beneficiarios”, excluyendo de los préstamos a lugares con orden público alterado (o inmanejable por parte de las autoridades)[1]. Como bullía la necesidad de una reforma agraria sin los vacíos de la anterior, se creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), con carácter autónomo –bipartidista-, para entrar a parcelar tierras en las áreas más conflictivas y necesitadas. Los grandes beneficiados con este bebé en gestación fueron los grandes terratenientes del oriente de Tolima entre otros, porque un organismo Estatal entraba a comprarles el problemita irresoluble del conflicto con los invasores y colonos, los latifundistas, ausentes la mayoría de la región donde tenían las tierritas, buscaban al Incora para venderles, sobrevaloradas, las tierras en cuestión, y, salir del embrollo de una buena vez por todas[2].

En mayo de 1961 el gobierno entregó a la Caja Agraria, 138.000 Ha de baldíos en la cordillera de Altamizal. En el mes de junio se abrió el programa de colonización en tres frentes: El Himalaya, La Chata y Galilea. Luego la Caja Agraria traspasó al Incora las colonizaciones que tenía a su cargo.
[1] SANCHEZ G. Gonzalo, La Violencia: de Rojas al Frente Nacional, en Nueva Historia de Colombia Vol. II. Planeta Colombiana editorial, 1998, páginas 169-170
[2] Ibíd.., página 173